Olvidan a bomberos, paramédicos y policías de tránsito en nuevo sistema de justicia, advierte IMDHyD

Por: Jonás Vázquez Betancourt:

  • Son personas que por su cercanía con emergencias deben aprender a conservar la escena de un presunto crimen
  • Debe comenzar a valorarse la prueba técnica y la evidencia científica de los delitos y no confiar sólo en testimoniales y confesiones
  • Protocolos de actuación de estos sectores deben formularse con la participación de sus integrantes

Los bomberos, paramédicos y policías de tránsito en la Ciudad de México, e incluso guardias de seguridad privada, deben recibir capacitación de cómo funciona el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) porque al ser personajes que, por su cercanía con hechos y ciudadanos, son primeros intervinientes, deben aprender a conservar una escena del crimen y conservar la cadena de custodia, consideraron Volga de Pina Ravest y Alejandro Jiménez, investigadores en el área de Seguridad y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD).

Los especialistas consideraron que la capacitación en el tema debe ir más allá de los policías auxiliares y judiciales, sino que debe incluir a todos los servidores públicos que intervienen ante los llamados de emergencia de hechos que pueden considerarse consecuencias de actos delictivos.

Los nuevos procedimientos a realizarse en materia penal ahora que entró en vigor completamente el nuevo sistema de justicia obligan a que se conserve la mayor cantidad de pruebas para poder esclarecer un delito, tales como ropa ensangrentada u objetos al interior de inmuebles quemados, entre otros.

“Nos preocupa todo el otro grupo de primeros intervinientes que no se están tomando en cuenta. A veces el primer interviniente en un hecho delictivo no es la policía, son paramédicos o bomberos. A ellos nadie les ha dado capacitación. A veces, en choques, al no saber, no hacen cadena de custodia y tiran la ropa ensangrentada a la basura. Los policías de tránsito también deberían capacitarse porque un hecho de tránsito o un atropellamiento son delitos que van a acabar en el sistema y que tienen que tener ciertas reglas de cómo documentar la parte inicial de cómo llegas al lugar. Eso está pendiente”, afirmó Volga de Pina Ravest, abogada e investigadora del IMDHyD.

Hace unos días, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Hiram Almeida, informó que hasta antes del 18 de junio ya se había logrado la meta de capacitar a 82 mil 897 policías preventivos, auxiliares y bancarios, pero para los activistas en derechos humanos es insuficiente sólo preparar a los integrantes de esos sectores.

“No he visto ningún programa ni anuncio oficial dirigido a bomberos, oficiales de tránsito, paramédicos y hasta oficiales de seguridad privada, que son los que están en contacto directo con la población y que pueden ser los primeros en darse cuenta de que ocurrió un crimen, de que hay un cuerpo, de que hay un arma tirada, hasta un choque, un atropellamiento”, explicó Alejandro Jiménez, también integrante del IMDHyD.

Para él, “es grave porque al no considerarlos, se puede estar perdiendo material que pudiera servir para esclarecer hechos, porque no nada más está la sangre de la víctima, sino quizás la del perpetrador y pudiera ayudar a la investigación. Todavía no se ve con tanta gravedad porque seguimos con la idea de que todo se va a resolver con confesiones  y testimoniales y entonces hay una cierta displicencia hacia la prueba técnica o científica del delito y como saben que es caro y no hay capacidades en las procuradurías, para los ministerios públicos, que deben ser los más celosos con la preservación de ese tipo de pruebas, no es tan relevante como el testimonio aunque sean los últimos dos minutos de vida de la persona”.

Agregó que “el problema es que aunque cambian el andamiaje del proceso, son las mismas personas las que lo van llevar a cabo”.

Jiménez consideró que en caso de que se logre capacitar a estos otros servidores públicos, deberían poder participar en la formulación del protocolo a seguir para que no sea una serie de instrucciones engorrosas que dificulten la labor principal del bombero o el paramédico, pero que tampoco alteren los elementos valiosos de la escena a estudiar.

“Si las personas que conocen las necesidades de una problemática específica no tienen posibilidad de alimentar las políticas públicas, como protocolos de primer interviniente, por ejemplo, si son redactadas por un abogado no van a tener nada que ver con la vida cotidiana del bombero; por eso, necesariamente, si esta capacitación se llegara a dar se necesitaría capacitar inicialmente a una persona del gremio y que ella nos ayudara a entender su vida cotidiana e insertar principios para actuar dentro de una crisis”, opinó.

Dijo que no se trata de hacer un ABC, sino que ante una situación de emergencia, establecer los principios a seguir. “Por ejemplo: lo que tienen que hacer es preservar la escena lo más intacta posible, preservar la vida, preservar las cosas, una serie de principios que tienen que proteger ante un panorama crítico. Eso podría romper la dinámica oficial de arreglarlo todo con protocolo”.

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